El viernes, 26 de Septiembre, se celebró, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, una nueva sesión del Foro AVANZA, esta vez dedicada a «El lugar del poder judicial en la democracia.
Centraron el debate dos reconocidos juristas: Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, y Mariola Urrea catedrática acreditada de Derecho Internacional y Europeo en la Universidad de La Rioja y miembro del Consejo Científico de AVANZA, para luego dar paso a una viva reflexión compartida por los participantes, entre los que se encontraban juristas como José Antonio Martín Pallín, Paca Sauquillo, Lucía Ruano, José Sanroma o Manuel de la Rocha Rubí, o ensayistas como Ignacio Sánchez-Cuenca o Irene Lozano.
El moderador, Manuel Escudero, Presidente de AVANZA, hizo una intervención inicial, en la que afirmó varios principio de partida como la defensa de la separación de poderes en un estado democrático, la necesidad de independencia del poder judicial, o la relación que existe entre ésta y la legitimidad democrática que tiene cada juez, una legitimidad que proviene de la aplicación razonada de las leyes democráticas, asegurando así el imperio de la ley. Escudero afirmó su confianza en la justicia en España, un país que ocupó en 2024 el puesto 21 en punto a calidad de su democracia en los rankings internacionales, pero se refirió también a la actuación de algunos jueces que han optado por el activismo político apartándose de su mandato democrático; y cómo esa actuación, referida al entorno familiar del Presidente del Gobierno o al Fiscal General del Estado, está siendo utilizada por el partido conservador en España como el elemento central de su estrategia política de deslegitimación del gobierno de coalición, en una serie de casos que aunque no sean numerosos han pasado a ocupar un lugar central mediático y político.
La intervención de Javier Pérez Royo arrojó luz sobre el debate que existe hoy en torno al poder judicial, ofreciendo una perspectiva que resulta muy novedosa y que apenas ha penetrado en el debate actual. Un juez actúa legítimamente como poder democrático solamente si sus instrucciones, medidas cautelares o veredictos judiciales son razonados y motivados a la luz de la ley democrática. Esa es la clave: la exposición razonada es la que asegura que el juez cumple el mandato democrático que le confiere poder, la que asegura su imparcialidad y legitima su independencia, y que consiste en alinear sus decisiones con las leyes democráticas. La intervención de Javier Pérez Royo centró el meollo de este debate, como se refleja en el vídeo que publicamos.
Sobre esta base, Mariola Urrea expuso una serie de medidas que deberían ayudar a consolidar la legitimidad democrática del poder judicial, entre las que destacó tres: la reforma de la carrera judicial, ya emprendida por el Gobierno, es un elemento imprescindible para mejorar el proceso de selección inspirados en un arquetipo de juez democrático comprometido indiscutiblemente con el Estado de Derecho, pero también con el Estado social y democrático. El perfeccionamiento de la formación requerida a los miembros de la carrera judicial debe acomodarse a los desafíos de su actual desempeño, marcado por la exigencia, nada mecánica, de seleccionar la norma aplicable al caso entre una pluralidad de ordenamientos, y aplicarla de manera razonada a la resolución del caso.
En segundo lugar, se refirió a la falta de jurisprudencia respeto a la obligación de imparcialidad objetiva y subjetiva que debe acompañar la actuación jurisdiccional, frente a la atención que los tribunales han prestado a la independencia. Esto remite directamente a recordar que corresponde al Consejo General del Poder Judicial ejercer el poder disciplinario ante las conductas de jueces que se apartan de su mandato democrático.
Y en tercer lugar, se refirió a la necesidad que tenemos como sociedad de reflexionar sobre el perímetro de que admite la actuación del poder judicial, una crítica que hoy apenas existe y que, sin embargo, casa mal con la lógica democrática que debe inspirar la actuación de cualquier poder, más aún si algunas actuaciones judiciales resultan difícilmente explicables desde una aproximación estrictamente jurídica. La intervención de Mariola Urrea abrió perspectivas importantes, como también se refleja en el vídeo que presentamos.
En el debate surgieron también otros elementos que permiten contribuir a la solución de algunos de los problemas que hoy se perciben en el ámbito judicial, referentes entre otras cosas al recurso excesivo e injustificado a una institución prevista constitucionalmente como es la acusación popular, que organizaciones de extrema derecha especializadas en el activismo político en sede judicial están utilizando de manera espuria.
La intervención central de Javier Pérez Royo se puede localizar en el minuto 10:22 del video streaming, y la de Mariola Urrea a partir del minuto 35:08.